El pasado martes, todos los partidos del Congreso de los Diputados se han mostrado a favor de admitir a trámite la Proposición de Ley de reforma de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) elevada por la Asamblea de Madrid, con el fin de terminar con la privación del derecho de sufragio que soportan miles de personas por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.
Esta modificación pretende eliminar la posibilidad de que en los procedimientos de incapacitación legal los jueces puedan privar del derecho de voto a determinadas personas por motivos asociados a su discapacidad, lo cual es una violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008.
Según datos de la Oficina del Censo Electoral, casi 100.000 personas con discapacidad están privadas en nuestro país del derecho político fundamental a ejercer el sufragio, situación inadmisible sobre la que Naciones Unidas advirtió a España en 2011, conminándola a modificar con urgencia su legislación electoral para adecuarla al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad. A tenor de esta Convención, ninguna persona con discapacidad en ningún caso puede ser despojada de su derecho al voto.
La Proposición de Ley que ahora llega al Congreso surge de una iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista madrileño a sugerencia del CERMI, y aprobada en el parlamento regional con el respaldo de todos los grupos políticos. Esta iniciativa recoge que “las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley”. La reforma legal entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
FOTOGRAFÍA: Down España