Tras el reciente informe de Naciones Unidas en el que la organización internacional acusa al sistema educativo español de vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, Down Galicia considera urgente la reforma de la legislación educativa y la implantación de un sistema que respete el principio de educación inclusiva, basado en la igualdad de oportunidades y que no discrimine a las personas por razón de su discapacidad. La Federación lleva desde hace años poniendo de manifiesto que el sistema educativo español es discriminatorio con las personas con síndrome de Down y vulnera lo establecido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Para Down Galicia la educación es un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad. Las sociedades avanzadas deben estar dotadas de instituciones capaces de garantizar este derecho a toda la población, sin excluir a ningún individuo por ninguna causa.
La sociedad en la que vivimos es plural y diversa y esa realidad ha de ser la bandera de la educación. Según Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, “si se segrega al alumnado, sea cuál sea la causa, sobre todo en una edad temprana, no se avanza en la construcción de una sociedad tolerante y respetuosa con la diferencia y con la diversidad. La convivencia enriquece tanto a aquellas personas que presentan alguna dificultad como al resto”.
El derecho a una educación inclusiva está avalado por la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 reconoce que “los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las personas con discapacidad”. Esta Convención fue ratificada en 2008 y aprobada por unanimidad por nuestro Parlamento y es de obligado cumplimiento en España al tener rango de tratado jurídico internacional de Derechos Humanos.
Legislación segregadora y no inclusiva
En este sentido, la actual legislación en materia educativa, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), resulta especialmente preocupante. La Federación Down Galicia se mostró desde un primero momento contrario a esta norma, puesto que es claramente segregadora al establecer itinerarios excluyentes y seleccionar y clasificar al alumnado, perdiendo la Educación su carácter compensador. Asimismo, esta ley no garantiza que aquellas personas con dificultades en el aprendizaje cuenten con la atención adecuada, provocando que la calidad educativa descienda enormemente, y no descarta la idea de favorecer la especialización de los centros.
Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, considera que la LOMCE “provoca un retroceso irreversible en los pasos y avances conseguidos en materia de integración e inclusión escolar”. Prieto hace hincapié en que en este momento estamos viviendo “una etapa de auténtica involución, abocando a la marginación a una gran parte de la población”.
Un claro ejemplo de esta legislación son las Ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar de la Consellería de Educación, que contempla una clara diferenciación entre aquel alumnado con necesidades educativas de apoyo, con menos del 65% de discapacidad, escolarizado en centros ordinarios o aquel escolarizado en centros de educación especial.
Los niños y niñas con discapacidad entre el 33% y el 64% escolarizados en centros de educación especial reciben 250€ para gastar en libros o material didáctico y complementario sin tener en cuenta la renta per cápita familiar, mientras que para aquellos que están escolarizados en centros ordinarios en los que no hay unidad de educación especial sí se tiene en cuenta. Además, los alumnos y alumnas escolarizadas en centros ordinarios reciben, en el caso de las rentas más bajas, una ayuda máxima de 170€ en primaria y 180€ en secundaria, muy lejos de los 250€ otorgados en las escolarizaciones en educación especial.
Por lo tanto, el alumnado escolarizado en centros ordinarios está comparativamente menos apoyado. En la Federación creemos que, con independencia de su grado de discapacidad o del centro que escoja para ser educado, todo el alumnado con necesidades educativas de apoyo escolar y discapacidad igual o superior a 33% debe recibir ayuda en las mismas condiciones.
Down Galicia inició en el año 2014 su lucha para que esta Orden fuera menos excluyente, solicitando a la Consellería de Educación que revisara los criterios para acceder a estas ayudas y solicitando que se contemplaran las mismas condiciones para el alumnado con discapacidad igual o superior al 33% independientemente del centro educativo, ordinario o específico, en el que estuviera escolarizado. Estas peticiones fueron descartadas por la propia Administración, considerando que “no hay discriminación ni vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades”. Delmiro Prieto considera que esta respuesta no se ajusta a la realidad de la orden y exige más ambición por parte de la administración autonómica si lo que se pretende es paliar los efectos negativos de la LOMCE.