Durante el ejercicio 2014, un total de 123 personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual contaron al menos con un contrato de trabajo o con una práctica laboral. Este dato supone que el 77,8% de las personas que participan en el programa de empleo con apoyo de las entidades Down en Galicia tuvo acceso a un puesto de trabajo en este período.
Sin embargo, el principal escollo para el colectivo de personas con discapacidad intelectual sigue siendo la inestabilidad y la temporalidad en las contrataciones. Así, en el año 2014 en el marco del programa de empleo con apoyo, se firmaron un total de 139 contratos y 55 prácticas laborales –a los que accedieron estas 123 personas- lo que pone de manifiesto la corta duración de las contrataciones en muchos de los casos.
Las personas participantes en el programa reciben una formación y una preparación laboral que les permite desempeñar los puestos de trabajo más adecuados según las capacidades de cada uno. Sus perfiles laborales más habituales son los relativos al sector servicios -principalmente hostelería y comercio-, y el sector de administración y oficinas.
Aunque en los últimos años, Down Galicia mantiene la tasa de personas activas en su programa de empleo en el 80%, lo cierto es que el acceso a un puesto de trabajo de forma normalizada y la falta de oportunidades siguen siendo los grandes retos de las entidades que trabajan a favor de la inclusión laboral en la empresa ordinaria.
El derecho al trabajo es una reivindicación histórica de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, que fue recogido en el 2006 por la ONU en la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad –ratificada por el Estado español el 3 de mayo de 2008-, y que en su artículo 27 reconoce “el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades”.
Con respecto a la empresa ordinaria, se da la circunstancia de que en España se está incumpliendo con el cupo de inserción laboral fijado por la Ley General de Discapacidad (antigua LISMI), que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a que reserven un 2% de sus puestos de trabajo a personas con algún tipo de discapacidad. Según los últimos datos hechos públicos a nivel estatal, la tasa de incumplimiento de esta ley por parte de las empresas se sitúa en el 67%.
En cuanto al empleo público, a nivel estatal se convocaron oposiciones en turno único e independiente para personas con discapacidad intelectual por primera vez en el año 2012, con el objeto de cubrir 54 plazas de personal laboral fijo como Ayudante de Gestión e Servicios Comunes, de las que 3 correspondían a la Comunidad gallega, 2 en la provincia de A Coruña y 1 en la de Lugo. En aquel momento, era un joven de Down Lugo el que conseguía la plaza en la provincia lucense. A nivel autonómico, y tras años de demandas por parte de las entidades Down, el ejecutivo gallego acaba de aprobar en la oferta de empleo público, correspondiente a plazas de personal funcionario y laboral para el año 2015, una reserva de 6 plazas para el puesto de ordenanza a las que sólo podrán presentarse personas con discapacidad intelectual.