Hace menos de un año, las entidades sociales aplaudían la sentencia del Tribunal Supremo que garantizaba a las entidades de ámbito estatal la distribución de fondos derivados del 0,7% de IRPF destinado a las actividades de las organizaciones del Tercer Sector.
Ahora, en reciente sentencia, el Tribunal Constitucional ha dado parcialmente la razón a la Generalitat de Cataluña cuando recurrió esta convocatoria, y establece que esos fondos deben gestionarlos las autonomías. Se pone así en peligro nuevamente, la atención en igualdad de condiciones que reciben actualmente miles de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual a través de movimiento asociativo de Down España.
Por este motivo, la Plataforma del Tercer Sector ha reunido a las principales entidades de acción social del país para analizar la situación y acordar una posición de consenso que permita estudiar posibles vías de solución.
La Plataforma, en nombre de dichas entidades, manifiesta que la atención a las personas en situación de exclusión social no puede estar constantemente en peligro, sin saber si los proyectos de los que dependen tendrán o no continuidad en el ejercicio siguiente. Los proyectos actualmente en marcha, y los más de siete millones de personas a los que se atiende por medio de ellos, no pueden quedar en un “limbo administrativo” que impacte negativamente en una importante parte de la acción social española.
La desaparición de los fondos derivados del 0,7% de IRPF supondría una “herida de muerte” para el sector que se vería abocado a reducciones drásticas de estructura.
Por ello, se necesita una apuesta clara y decidida por un sistema que ofrezca garantías de continuidad y estabilidad al Tercer Sector. Un nuevo sistema de distribución de este ejercicio de democracia directa y solidaridad ciudadana que supone que los contribuyentes destinen libremente el 0,7% de sus impuestos para apoyar a las personas que más lo necesitan.
En este empeño, la Plataforma ha mantenido varias reuniones con el Gobierno, en las que le ha trasladado la necesidad de actuar con urgencia y adoptar medidas que garanticen la estabilidad del sector.
Aunque se han constituido distintos grupos de trabajo para tratar el asunto, será en la reunión de la Comisión para el Diálogo Civil del próximo 9 de febrero donde se aborde la cuestión en profundidad y se planteen diferentes opciones que preserven la solidaridad y cohesión territorial.
Down Galicia, a través de Down España, suma su voz a la de la Plataforma del Tercer Sector y defiende la pertinencia de un sistema que aproveche el potencial de las entidades sociales para garantizar la solidaridad territorial y reequilibrar la atención social en nuestro país, como han venido haciendo durante los más de 30 años de vigencia del modelo de reparto actual.
