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El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Galicia (CERMI Galicia) traslada, con motivo del Día Internacional de la Mujer, las trabas que siguen encontrando las mujeres con discapacidad en el acceso a la justicia, que van desde las barreras simbólicas, que impregnan la labor de todos los operadores involucrados (cuerpos de seguridad del estado, abogacía, fiscalía, magistratura), hasta las puramente materiales y evidentes relacionadas con el entorno físico y de la comunicación.
Así lo recoge el manifiesto que la Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha elaborado para este 8 de marzo. Con el lema ‘Por una justicia real y efectiva para las mujeres con discapacidad’, la FCM advierte de que pese a que el artículo 24.1 de la Constitución establece que “todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”, la realidad pone de manifiesto cómo el acceso a la justicia sigue estando vetado para miles de mujeres con discapacidad, que enfrentan obstáculos de toda índole a la hora de hacer valer sus derechos en sede judicial.
Este punto vulnera claramente el artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia son herramientas clave que la ciudadanía tiene a su disposición para evitar que las violaciones de sus derechos e intereses legítimos queden impunes. Las mujeres con discapacidad, casi dos millones y medio en nuestro país, conocen bien lo que significa ver conculcados sus derechos y también experimentar que poco o nada se hace para defenderlos. Así, por ejemplo, ha sido y sigue siendo todavía una ardua tarea denunciar que las mujeres con discapacidad también son potenciales víctimas de violencia de género.
En este sentido, la FCM recuerda que en torno a un 13% de las mujeres que son asesinadas por sus parejas y/o exparejas cada año tienen algún tipo de discapacidad, y sin embargo, este dato de relevancia clave para articular políticas públicas adecuadas no pasa de ser una información anecdótica plasmada en la página de algún periódico.
Esta organización lamenta la desconfianza que existe en muchas ocasiones a cerca de los testimonios de las víctimas con discapacidad de la violencia machista, especialmente si se trata de mujeres sordociegas o con discapacidad intelectual o psicosocial.
ERRADICAR INERCIAS Y MITOS
Para acabar con esta situación, la FCM urge a erradicar las inercias que plagan la actuación jurisdiccional, basadas en estereotipos y mitos en torno al género y la discapacidad. Asimismo, reclama que se garantice la plena accesibilidad del sistema de justicia y la formación de sus profesionales, así como que la futura Fiscalía especializada en discapacidad sea una instancia de verdadera protección de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad, coordinando su acción con el trabajo que desarrolla la Fiscalía de violencia sobre la mujer.
Por otra parte, la FCM afirma que no podemos olvidar a las miles de mujeres con discapacidad que actualmente se encuentran incapacitadas judicialmente y que, por lo tanto, no pueden acceder a la justicia por sí mismas cuando sus derechos son conculcados, si no es a través de una persona intermediaria (tutora o curadora), situándolas en una situación de especial vulnerabilidad.
En esta línea, el procedimiento de modificación de la capacidad legal recogido en nuestro ordenamiento jurídico contraviene lo establecido en el art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por ello, la FCM exige su total abolición y aboga por el establecimiento de mecanismos efectivos para el apoyo en la adopción de decisiones.
Del mismo modo, que prohíba las esterilizaciones forzosas; las violaciones de derechos humanos que han sufrido en nuestro país miles de niñas y mujeres con discapacidad esterilizadas sin su consentimiento en el pasado y en el presente, y que apruebe medidas para resarcir el daño ocasionado por estas prácticas contrarias a los derechos humanos.
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