La Justicia exige a la administración inclusión educativa: mejor en un aula ordinaria con apoyo que en una específica
Naciones Unidas acaba de poner en entredicho el sistema educativo español, al que acusa de segregador y del que dice que viola sistemáticamente el derecho a la educación del alumnado con discapacidad. En un informe publicado esta semana en Ginebra, la organización expone que “la segregación y exclusión de España de los y las estudiantes con discapacidades de la educación general, por su discapacidad, equivale a violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación de esos estudiantes en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.
“El sistema educativo paralelo establecido para aquellas personas estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes”, dijo la Sra. Theresia Degener, Presidenta del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El comunicado es resultado de una investigación realizada entre el 30 de enero y el 10 de febrero de 2017, en la que expertos designados por el Comité entrevistaron a más de 165 personas, incluidos funcionarios del Gobierno y de las 17 comunidades autónomas, representantes de organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones de la sociedad civil.
Down Galicia considera urgente la reforma de la legislación educativa y la implantación de un sistema que respete el principio de educación inclusiva, basado en la igualdad de oportunidades y que no discrimine a las personas por razón de su discapacidad. La Federación lleva desde hace años poniendo de manifiesto que el sistema educativo español es discriminatorio con las personas con síndrome de Down y vulnera lo establecido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El derecho a una educación inclusiva está avalado por la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 reconoce que “los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las personas con discapacidad”. Esta Convención fue ratificada en 2008 y aprobada por unanimidad por nuestro Parlamento y es de obligado cumplimiento en España al tener rango de tratado jurídico internacional de Derechos Humanos.
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