La seroprevalencia por COVID-19 en personas con discapacidad, en parámetros similares a los de la población general
Esta mañana hemos vivido un hito histórico en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad: la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que permitirá eliminar la posibilidad de que, en los procedimientos de incapacitación legal, los jueces puedan privar del derecho de voto a determinadas personas por motivos asociados a su discapacidad. Representantes del movimiento asociativo de la discapacidad y decenas de personas con discapacidad han sido testigos del debate desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados.
Tras esta aprobación por unanimidad (con 142 votos a favor), el texto llegará al Senado, donde con toda probabilidad será aprobado definitivamente. Después, volverá a la Cámara baja donde se podría producir la aprobación definitiva de la reforma de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG). Si se cumplen los plazos establecidos, la reforma de la LOREG entraría en vigor antes del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre).
Una vez hecha efectiva, los jueces y tribunales no tendrán capacidad de decidir si una persona reúne las aptitudes para poder ejercer su derecho al voto, ya que la modificación de esta ley suprime los apartados que, en su artículo tercero, establecen que carecen del derecho al voto “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme”. Según datos de la Oficina del Censo Electoral, casi 100.000 personas con discapacidad se encontrarían en esta situación y, por lo tanto, privadas del derecho político fundamental a ejercer el sufragio.
En las inmediaciones del Congreso, responsables de las entidades y personas con discapacidad y sus familias a título individual han querido estar presentes para mostrar su satisfacción por el hecho de que el Congreso de los Diputados haya dado luz verde a esta reivindicación. Estas personas han portado claveles y han podido conversar de manera informal con diputados de diferentes grupos parlamentarios.
#MiVotoCuenta
Down España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y Plena Inclusión celebraron en febrero de 2017 una concentración ante el Tribunal Constitucional con el lema #MiVotoCuenta que contó con el apoyo de más de 500 personas.
A raíz de esta concentración y a sugerencia del CERMI, la Asamblea de Madrid elevó una iniciativa legislativa, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista y aprobada en el parlamento regional con el respaldo de todos los grupos políticos, al Congreso de los Diputados. El debate tuvo lugar en noviembre del año pasado y recibió el apoyo unánime de los diputados y diputadas. En septiembre, la reforma de la ley superaba su primer paso legislativo con el dictamen favorable de la Comisión Constitucional de la Cámara baja y su posterior aprobación que tuvo lugar hace una semana.
El pasado mes de julio, era el Consejo de Europa el que se pronunciaba y advertía a España que no puede privar del derecho al voto a las personas con discapacidad. Así lo manifestaba la comisionada europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, en sus observaciones escritas presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de la española María del Mar Caamaño Valle contra España por haberle retirado este derecho un tribunal.
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