La educación es un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad. De esta forma, las sociedades avanzadas deben estar dotadas de instituciones capaces de garantizar este derecho a toda la población, sin excluir a ningún individuo por ninguna causa. Es decir, deben garantizar, sin condiciones, una educación inclusiva.

Hoy, 24 de enero, se celebra el Día Internacional de la Educación, una efeméride dedicada a reconocer el papel fundamental de este proceso en la creación de sociedades sostenibles y evolucionadas y Down Galicia quiere reivindicar nuevamente la importancia de la construcción de un modelo educativo inclusivo basado en los principios de calidad, equidad, flexibilidad y respeto a la diversidad.

Debemos tener presente que la sociedad de la cual formamos parte es plural y esa realidad ha de ser la bandera de la educación. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que si se  segrega al alumnado, sea cuál sea la causa, sobre todo en una edad temprana, no estamos avanzando en la construcción de una sociedad tolerante y respetuosa con la diferencia.

Por este motivo, Down Galicia considera urgente la reforma de la legislación educativa y la implantación de un sistema que respete el principio de educación inclusiva, basado en la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas por razón de su discapacidad. Es por ello que la Federación quiere poner en valor los pasos dados por el actual gobierno en la modificación de la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que está provocando un retroceso irreversible en los avances conseguidos en materia de integración e inclusión escolar.

Asimismo, la Federación lleva desde hace años poniendo de manifiesto que el sistema educativo español es discriminatorio con las personas con síndrome de Down y vulnera lo establecido en los tratados internacionales.

El derecho a una educación inclusiva está avalado por la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 reconoce que “los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las personas con discapacidad”. Esta Convención fue ratificada en 2008 y aprobada por unanimidad por nuestro Parlamento y es de obligado cumplimiento en España al tener rango de tratado jurídico internacional de Derechos Humanos.