La Federación Galega de Institucións para a síndrome de Down (Down Galicia) expresó hoy su indignación ante la última instrucción de la Junta Electoral Central, que permitirá a determinados miembros de formaciones políticas cuestionar en las mesas electorales las condiciones del voto de las personas con discapacidad que consideren que no ejercen su derecho libremente.

Esta medida, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, es una de las directrices que la Junta Electoral Central considera necesarias tras las modificaciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que garantiza el derecho al voto de todas las personas con discapacidad desde su entrada en vigor el pasado mes de diciembre de 2018.

Esta reforma, que se aplicará por primera vez en las elecciones generales del próximo 28 de abril, permitió incluir en el censo electoral a 100.000 personas con discapacidad intelectual a las que habían retirado este derecho por orden judicial.

De este modo, la Junta Electoral Central atribuye la publicación de estas medidas a los posibles problemas interpretativos que pueden surgir tras la redacción de la modificación de la  LOREG, que señala que el derecho a sufragio activo debe ejercerse de forma “consciente, libre y voluntariamente”, considerando necesario clarificar este punto y fijar un criterio que puedan seguir los diferentes sujetos afectados.

Así, la disposición segunda de esta instrucción indica que, aunque las mesas electorales deberán admitir el voto de cualquier persona con aparente discapacidad que se encuentre inscrita en el censo electoral, en caso de que algún interventor o apoderado de algún partido político considere que el voto de esa persona no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, podrá hacerlo constar en el acta de la sesión identificando el número del DNI correspondiente a la persona en cuestión.

Finalmente, el texto emplaza a las juntas electorales a “velar por el correcto cumplimiento de esta modificación legal y de lo establecido en la instrucción, adoptando las medidas pertinentes para garantizar que el voto de las personas con discapacidad pueda ejercerse de forma consciente, libre y voluntaria”.

Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, considera esta medida “intolerable”, ya que “las personas con discapacidad verán cuestionada, una vez más, su capacidad de decisión”. Prieto indica que “es increíble que, por cada pequeño avance en la consecución de los derechos de las personas con discapacidad, haya un retroceso de varios años en su situación”.

A la vista de estas últimas medidas, la Federación Down Galicia quiere denunciar, una vez más, la persecución a la que están sometidas las personas con discapacidad en general, a las que se les presupone una menor capacidad inherente a su discapacidad y, en este caso concreto, se les coloca en una clara situación de desventaja a la hora de ejercer su derecho fundamental a voto.

La reclamación de la Federación Down Galicia se suma a la presentada ayer por el Comité Español de Representantes de  Personas con  Discapacidad (CERMI), que también solicitó a la Junta Electoral Central que anule con carácter inmediato esta instrucción.