CERMI Galicia exige que la inclusión de las personas con discapacidad comience desde la infancia
La Federación Down Galicia hace suyo el manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que denuncia que la infancia con discapacidad sigue afrontando en España “graves situaciones de desigualdad, exclusión y ausencia de bienestar, que lastran las posibilidades efectivas de desarrollar y maximizar sus potencialidades, disponiendo de condiciones para que el libre desarrollo de su personalidad y su participación y aportación a la vida en comunidad sean una realidad”.
El manifiesto de la organización se ha elaborado con motivo de la celebración este 20 de noviembre del Día Universal del Niño, cuando además, se cumplen tres décadas de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, tratado internacional de obligado cumplimiento que hace mención expresa a la infancia con discapacidad. Asimismo, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a los estados a garantizar la protección de los derechos de esta parte de la ciudadanía.
En España, según la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, residen alrededor de 130.000 niñas y niños con discapacidad menores de 15 años. Esta cifra supone el 2% del total de menores de 15 años residentes en el país.
Reivindicaciones basadas en aplicar la Ley y el Convenio de la ONU
Para acabar con la falta de igualdad que sigue existiendo, pese al marco legal estatal e internacional, el CERMI y Down Galicia piden mejorar la atención temprana, ya que “los dispositivos públicos de promoción de la autonomía personal a través de la atención temprana y el desarrollo infantil son precarios, discontinuos y claramente insuficientes, lo que incide de modo muy negativo en la infancia con discapacidad”.
En el manifiesto, se ruega dejar atrás las “institucionalizaciones forzosas” de algunos menores con discapacidad, incrementando los apoyos y sistemas que contribuyan a que puedan vivir en comunidad, apostando por la autonomía personal. Además, se exige garantizar el derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad, garantizando siempre los recursos necesarios para que exista verdadera igualdad de oportunidades.
Por otra parte, las entidades resaltan que “es inaplazable desterrar del ordenamiento jurídico español cualquier vestigio favorable o permisivo con la esterilización forzosa, garantizando a las personas con discapacidad sus derechos, sin merma ni restricciones”. Del mismo modo, recuerdan que esta práctica, que contraviene la Convención Internacional de la Discapacidad, la sufren principalmente las adolescentes y jóvenes con discapacidad.
Por último, reclaman garantizar el acceso en igualdad de condiciones a toda la infancia con discapacidad a los servicios sanitarios; reforzar la lucha contra problemas a los que se ven más expuestos los niños y niñas con discapacidad como es la violencia o el riesgo de pobreza; fortalecer el apoyo a las familias en cuyo seno residen menores con discapacidad, y garantizar que los niños y niñas con discapacidad puedan participar de manera activa, con los apoyos necesarios, en los procesos de toma de decisiones que les afectan.
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