Down España se une a las peticiones que la Plataforma del Tercer Sector y el CERMI han hecho al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para que rectifique de inmediato su decisión de recortar el apoyo económico público al Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, en un momento de extrema vulnerabilidad para estos colectivos motivada por la COVID-19.

Estas peticiones se producen tras haber comunicado la Secretaría de Estado de Derechos Sociales al Tercer Sector su intención de reducir sustancialmente el tramo estatal de la recaudación del 0,7% del IRPF de interés social -vía principal de financiación de las organizaciones sociales no lucrativas de ámbito estatal- y de no dedicar, como exige su Ley reguladora de 2018, la recaudación del 0,7 % del Impuesto de Sociedades a fines exclusivamente sociales.

Down España no entiende que el sector de acción social, que incluye al sector de la discapacidad, sea el que incomprensiblemente sufra un mayor impacto en los recortes. Esta merma en los recursos a colectivos que han sufrido especialmente los efectos de la pandemia, traerá consigo irremediablemente unos efectos muy perjudiciales para las personas con discapacidad y sus familias a corto plazo, que también serán patentes en el medio y largo plazo. Esta decisión es cuanto menos cuestionable en la medida en que nuestras organizaciones se han convertido en un agente imprescindible para tratar de atajar el impacto social de la pandemia.

Sorprende también que se reduzcan drásticamente fondos financieros ya consolidados, algunos comprometidos desde 2018, pero no ejecutados, como los derivados del 0,7% del Impuesto de Sociedades, que compensaban la pérdida de recursos tras la derivación de buena parte de los mismos a las Comunidades Autónomas. La situación es aún más grave si tenemos en cuenta que el Tercer Sector de Acción Social es el único que no ha recibido ningún tipo de ayuda pública adicional como consecuencia de la pandemia, siendo esta crisis además eminentemente social.

Es por eso que Down España pide al Ministerio que reconsidere su postura y apoye con recursos económicos a las entidades sociales estatales en estas circunstancias excepcionales que han provocado la mayor crisis económica y social vivida por España en su historia reciente.