Emergencia vivienda: por el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres (FCM) exigen que las personas con discapacidad estén presentes en la reconstrucción social y económica del país, ya que consideran que son uno de los grupos sociales “más castigados” por esta pandemia, colocándoles en una “posición de fragilidad extrema” ante una emergencia sanitaria de estas proporciones.
Así lo recoge el CERMI en el manifiesto que la entidad ha elaborado con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), en el que alerta del “impacto exacerbado de la pandemia” en las personas con discapacidad y sus familias y de la “devastación intensa y extensa” que ha afectado a este grupo de población en sus estructuras y redes de apoyo que, según CERMI, siempre han sido “precarias” y ahora se encuentran “casi exhaustas”.
Según recoge el manifiesto, durante estos meses ha habido multitud de informes, estudios e investigaciones que evidencian las generalizadas violaciones de derechos que las personas con discapacidad, sobretodo personas con discapacidad mayores, han experimentado en este tiempo de pandemia y que el CERMI califica como “una cartografía del lado oscuro de lo que nos ha tocado vivir estos meses y de su alargada sombra para los próximos”.
Para conseguir la “anhelada reconstrucción social y económica” el CERMI aboga por una alianza entre los poderes públicos, el tejido empresarial y la sociedad civil organizada, para “llevar a cabo una auténtica co-gobernanza”.
Entre las medidas concretas que plantea la plataforma representativa de la discapacidad en España para que las personas con discapacidad, sus familias y sus estructuras cívicas de bienestar estén en la reconstrucción social, destaca la creación “inmediata”, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, de un Fondo de rescate de emergencia postpandemia de 300 millones de euros para el sector social de la discapacidad, dentro de uno más amplio y global de 1.000 millones de euros para todo el tercer sector de acción social de ámbito estatal.
También reclama la constitucionalización con la categoría de fundamentales de los derechos sociales en la Carta Magna y atribuir al Estado el carácter de regulador y garante último de esos derechos sociales.
El movimiento social de la discapacidad también solicita la adopción de un nuevo marco estatal para la inclusión laboral, para aumentar, en cinco años, la tasa de actividad laboral hasta el 50%, lo que supondría la “creación de más 200.000 nuevos empleos dignos y decentes”.
Entre las peticiones también abogan por “acabar con la hostilidad del entorno hacia las personas con discapacidad” y lograr ver implantada la “accesibilidad universal en todos los entornos”. Según afirma el CERMI en el documento, la transformación digital de las estructuras, de los procesos y de la vida social no puede hacerse a expensas o expulsando a las personas con discapacidad, ya que “lo digital ha de ser accesible, asequible y sensible con la diversidad humana”.
Otra de las medidas que exige es “contar con los apoyos suficientes y efectivos que han de proporcionar los poderes públicos para que las personas con discapacidad puedan elegir cómo y dónde vivir, y cómo desarrollar un proyecto de vida libremente elegido, extendiendo la autonomía personal y haciendo realidad la vida independiente”. En este sentido, reclama la universalización de la inclusión a través de la disposición de “apoyos reales, suficientes e individualizados en todos los entornos de la vida de la persona con discapacidad” y la creación de “un auténtico espacio sociosanitario, como proveedor de bienestar y red de soporte, que garantice apoyos para unas condiciones dignas de vida a las personas con necesidades complejas y superpuestas: educativas, sociales y sanitarias”.
La puesta en marcha de políticas familiares que otorguen una “protección intensificada a aquellas familias en las que existe una situación de discapacidad”; o la “dotación de recursos y apoyos para las personas con discapacidad, especialmente las de edad avanzada, que residen en el medio rural para “desarrollarse humanamente allí donde quieren vivir y contribuir así a un desarrollo sostenible que disminuya la precariedad económica” son otras de las reivindicaciones del movimiento CERMI.
Por último, el CERMI asegura que es necesario que “los fondos europeos movilicen los recursos suficientes que tengan como destino promover activamente la inclusión social de las personas con discapacidad” y que esta financiación permita “acometer la reconstrucción social, económica y tecnológica tras la pandemia del coronavirus COVID-19 con el fin de generar un cambio social en todos los ámbitos de la sociedad”.
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