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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) exige el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda accesible, asequible e inclusiva como elemento esencial para una vida independiente y participativa.
Esta es la principal reivindicación que la plataforma de la discapacidad resalta en su manifiesto con motivo de la celebración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de mayo desde que fuera establecido oficialmente por el Consejo de Ministros en 2019 a propuesta del propio CERMI.
De la misma manera, reclama que la discapacidad ha de ser tenida “muy en cuenta” en la ordenación y aseguramiento del derecho a la vivienda, que, a su juicio, debe abordarse como parte de la legislación y las políticas públicas generales de vivienda. Y es que, tal y como se recalca en el manifiesto “toda persona tiene derecho a vivir en su domicilio con el soporte que precisa y perteneciendo y participando de su comunidad”.
De esta manera, el movimiento CERMI considera necesario llevar a cabo dos medidas “de calado”. Por un lado, la aprobación de una Ley General de Garantía del Derecho Social a la Vivienda, así como el aumento del parque público de vivienda, dedicando al menos el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a asegurar esta finalidad.
Accesibilidad universal
Además, hace especial hincapié en la accesibilidad universal, que “debe ser la norma que guíe los principios y actuaciones de las políticas públicas y normativas vinculadas a la vivienda, ya que, de lo contrario, se excluirá a las personas con discapacidad”. En este sentido, exige que se adapte el parque construido para garantizar que “ninguna persona quede aislada en su vivienda, recluida por ausencia de condiciones de accesibilidad y diseño universales”.
En relación a esto, desde el CERMI piden que se resuelvan “con urgencia” algunas demandas, entre las que se encuentra la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias para la comunidad de propietarios cuando vengan solicitadas por vecinos y vecinas con discapacidad o mayores de 70 años, con independencia de su coste.
También exigen que se impulsen reformas para que el Registro de la Propiedad recoja datos sobre las condiciones de accesibilidad de los inmuebles, edificios y viviendas, con el objetivo de que los potenciales adquirentes y personas usuarias con discapacidad o en cuya unidad familiar haya una persona con discapacidad, puedan conocer de antemano esta información tan relevante y facilitar su decisión de compra o arrendamiento.
De la misma manera, abogan por la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal y por desplegar políticas oficiales y adoptar medidas que proporcionen y mantengan una oferta pública de viviendas accesibles a disposición de las personas con discapacidad.
Vivienda asequible e inclusiva
Desde el movimiento CERMI, aseguran que las personas con discapacidad, en general, presentan una elevada dependencia de instancias ajenas a la propia persona, al entorno familiar o a prestaciones o recursos públicos o de la sociedad civil. Por ello, defienden que sean considerados como un grupo preferente en las políticas públicas de vivienda, para proporcionarles soluciones habitacionales dignas, adecuadas y libremente elegidas.
Igualmente, exigen que se haga efectivo el derecho de las personas con discapacidad a elegir dónde, cómo y con quién vivir, garantizando los apoyos que lo hagan posible. En este sentido, abogan por que las políticas sociales y las de vivienda se aúnen para que se produzca, mediante estrategias públicas vigorosas, un tránsito a formas de vida inclusiva e independiente, que permita la vida en la comunidad de pertenencia y la participación social de las personas con discapacidad, como, por ejemplo, la vivienda colaborativa.
Por todo ello, el movimiento CERMI considera que la discapacidad organizada y el Tercer Sector de Acción Social han de ser considerados como “agentes cívicos de referencia en la cocreación y cogobernanza de las políticas públicas oficiales de vivienda, en todos sus niveles”.
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