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El pasado 3 de septiembre entraba en vigor a “Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, una reforma muy esperada que finaliza con las incapacitaciones judiciales de las personas con discapacidad.
Con motivo de esta nueva ley, la Federación Down Galicia acaba de publicar un vídeo explicativo con el que pretende que todas las personas ajenas al mundo legislativo puedan comprender en pocos minutos los principales cambios con respeto a la normativa anterior.
De la mano de Maripaz García Rubio, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro de la Sección Primera de la Comisión de Codificación encargada de la elaboración del borrador del proyecto de ley, el documento audiovisual va repasando las novedades más destacadas, como son la desaparición de figuras como la tutela o la patria potestad prorrogada y la propuesta, en su lugar, de un sistema de apoyos individualizados y adaptados a las necesidades de cada persona para que puedan tomar sus propias decisiones libremente y con toda la información posible.
De este modo, la Federación pretende dar a conocer de forma sencilla y comprensible el alcance de esta reforma, su principal objetivo, los apoyos previstos en la legislación, el significado real del nuevo sistema propuesto o la situación en la que quedan las personas con discapacidad que estaban incapacitadas judicialmente hasta este momento.
El vídeo está disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/viV6VMiEsQ8
Con la entrada en vigor de esta normativa se da cumplimiento al mandato del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados parte, entre ellos España, a garantizar la misma capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todo el tráfico jurídico, sin restricciones ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso, pero sin sustituir a la propia persona.
Esta reforma legal, una de las principales demandas de los colectivos de personas con discapacidad desde hace muchos años, supondrá un cambio radical en cómo el Derecho civil entiende la discapacidad y a las personas con discapacidad, pasando del esquema paternalista y restrictivo de derechos de la sustitución al promotor de los apoyos en la toma de decisiones.
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