La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso presentado por la familia de Rub\u00e9n Calleja, un joven con s\u00edndrome de Down a quien el Comit\u00e9 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en un dictamen de 2020, dio la raz\u00f3n al establecer que los tribunales espa\u00f1oles hab\u00edan vulnerado su derecho a una educaci\u00f3n inclusiva.<\/p>\n
Por ello, el alto tribunal anula la sentencia de la Audiencia Nacional que desestim\u00f3 el recurso de la familia, as\u00ed como la denegaci\u00f3n por silencio del Ministerio de Justicia de la reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administraci\u00f3n de Justicia, y reconoce a los recurrentes el derecho a ser indemnizados en la cantidad de 25.000 euros por la Administraci\u00f3n del Estado, cantidad correspondientes a los gastos judiciales en que incurrieron. Sin embargo, no considera procedente el tribunal otorgar los 325.000 euros que reclamaban adem\u00e1s por perjuicios morales.<\/p>\n
La sentencia expone que Rub\u00e9n estuvo escolarizado en un centro de ense\u00f1anza p\u00fablica de Le\u00f3n varios a\u00f1os apoyado por una asistenta t\u00e9cnico-educativa. Posteriormente, la Direcci\u00f3n Provincial de Educaci\u00f3n autoriz\u00f3 la matriculaci\u00f3n del menor en un Centro de Educaci\u00f3n Especial.<\/p>\n
Impugnada esta resoluci\u00f3n por el procedimiento de protecci\u00f3n jurisdiccional de los derechos fundamentales, un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Le\u00f3n desestim\u00f3 el recurso, decisi\u00f3n confirmada en apelaci\u00f3n por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n con sede en Valladolid.<\/p>\n
De otro lado, como la familia decidi\u00f3 llevar a Rub\u00e9n a un centro privado y no al centro de educaci\u00f3n especial, la Fiscal\u00eda Provincial de Le\u00f3n les denunci\u00f3 el 12 de mayo de 2014 por el delito de abandono de familia, siendo absueltos por el Juzgado de lo Penal.<\/p>\n
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Una cuesti\u00f3n de derechos<\/strong><\/p>\n Los padres comunicaron al Comit\u00e9 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que el Estado hab\u00eda violado los derechos de su hijo. El Comit\u00e9 concluy\u00f3 que \u201cla decisi\u00f3n administrativa de matricular a Rub\u00e9n en el Centro Educativo Especial Nuestra Se\u00f1ora del Sagrado Coraz\u00f3n, sostenida por los tribunales del Estado parte, vulner\u00f3 su derecho a una educaci\u00f3n inclusiva\u201d, y que el Estado no respondi\u00f3 a las denuncias de discriminaci\u00f3n ni realiz\u00f3 una evaluaci\u00f3n adecuada de sus necesidades ni de los ajustes razonables.<\/p>\n La familia solicit\u00f3 una indemnizaci\u00f3n al Ministerio de Justicia, y tras el silencio de la Administraci\u00f3n, present\u00f3 una demanda que fue desestimada por la Audiencia Nacional en 2022, al considerar que el dictamen del Comit\u00e9 no ten\u00eda car\u00e1cter ejecutivo y que exist\u00eda cosa juzgada. El Tribunal Supremo, en 2023, estim\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, reconociendo el dictamen como base para una reclamaci\u00f3n por funcionamiento anormal de la Administraci\u00f3n de Justicia, y devolvi\u00f3 el caso a la Audiencia.<\/p>\n Aunque esta volvi\u00f3 a desestimar la reclamaci\u00f3n, el Supremo dio la raz\u00f3n a la familia en una segunda sentencia, se\u00f1alando que estos dict\u00e1menes no son irrelevantes jur\u00eddicamente y pueden fundamentar indemnizaciones cuando se vulneran derechos fundamentales. A\u00f1adi\u00f3 que el Comit\u00e9 no se refiere s\u00f3lo a las sentencias anteriores, sino al conjunto de actuaciones estatales, incluyendo la Fiscal\u00eda y el proceso penal contra los padres, y a la falta de legislaci\u00f3n que garantice la educaci\u00f3n inclusiva, seg\u00fan lo expresado en el apartado 8.7 del dictamen.<\/p>\n El Supremo concluye que la familia \u201cno debi\u00f3 ser sometida a todo lo que le supuso su defensa del derecho del hijo a recibir una educaci\u00f3n inclusiva\u201d, apoyando la postura del Ministerio Fiscal, que reconoce el derecho a ser indemnizados. La sentencia subraya que los perjuicios sufridos por la familia derivaron de acciones estatales que no estaban obligados a soportar por ejercer ese derecho, reconocido expresamente en la Convenci\u00f3n y vinculado al art\u00edculo 27 de la Constituci\u00f3n, reforzado por su nuevo art\u00edculo 49.<\/p>\n (SERVIMEDIA)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso presentado por la familia de Rub\u00e9n Calleja, un joven con s\u00edndrome de Down a quien el Comit\u00e9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9145,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"give_campaign_id":0,"footnotes":""},"categories":[110],"tags":[146,145,147,144],"class_list":["post-9147","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","tag-educacion-inclusiva-es","tag-inclusion-educativa-es","tag-ruben-calleja-es","tag-sentencia"],"acf":[],"yoast_head":"\n