El Tribunal Supremo ha establecido el “carácter vinculante y obligatorio” de un dictamen de la ONU que reconoció el derecho a la educación inclusiva de Rubén Calleja, joven leonés con síndrome de Down, que en 2011 fue excluido de la escuela ordinaria y solo se le ofreció ir a un centro especial.
Así se recoge en una sentencia de la Sección Carta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que fue acordada por el voto favorable de cuatro magistrados y el rechazo de otro. En esta resolución se establece que “no puede privarse de efecto” el dictamen” de la ONU que en 2020 declaró a España responsable de vulnerar los derechos de este menor y le instó a tomar medidas reparadoras.
“Estamos felices. Después de tantos años, por fin se reconoce el derecho a la dignidad de Rubén, y su derecho fundamental a una educación inclusiva que le fue negado durante años”, explica Alejandro Calleja, padre de Rubén, en declaraciones a Down España. Por otro lado, Calleja afirma que “esta sentencia es el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva en España, a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y a los derechos que reconoce la propia Constitución Española, que en el caso de Rubén se han vulnerado sistemáticamente. Lo más importante es que sienta un precedente y crea jurisprudencia y que se beneficiará de ello aquellos que vengan detrás”, añade.
Por otro lado, la Federación estatal también ha conversado con el abogado experto en educación inclusiva que ha llevado este caso, Juan Rodríguez Zapatero. “Esta sentencia es una llamada de atención urgente al conjunto de los poderes públicos y señala la necesidad urgente de que se adopten todas las medidas necesarias para adaptar la legislación educativa a la Convención”.
“La sentencia del Tribunal Supremo tiene un alcance importante porque señala que los dictámenes del comité de las Naciones Unidas son a partir de ahora vinculantes a nivel jurídico. El comité dictaminó en su día que en el caso de Rubén hubo una lesión de derechos fundamentales, y ahora el alto tribunal ha emitido una sentencia que los avala”, explica.
Para el jurista, esta sentencia “refuerza la Convención de las Personas con Discapacidad, y marca el camino para que cualquier persona o familia que vea sus derechos fundamentales vulnerados acuda al comité de la Convención”. Eso sí, a pesar de la importancia de la sentencia, según explica el experto, si no cambia la legislación y una familia ve vulnerado el derecho de su hijo o hija a una educación inclusiva, tendría que agotar todas las instancias judiciales antes de recurrir al Comité, un camino que podría llevar más de una década.
Para el abogado “no se trata de que las familias sean héroes y se sacrifiquen como la familia de Rubén, sino de que se reforme de una vez por todas el sistema educativo para adaptarlo a la Convención y así garantizar el derecho a una educación inclusiva de todo el alumnado”.
También es importante recalcar que esta nueva sentencia del Tribunal Supremo no cuestiona las anteriores sentencias, ya que no han sido revisadas. Lo que recalca es que no se adoptaron las medidas de eficacia para proteger a un menor que fue discriminado por su discapacidad.
Para Rodríguez Zapatero, “el Estado español no actuó como debía. Vulneró el derecho a la educación inclusiva de Rubén. Ahora el camino es claro y no podemos mirar para otro lado. Es un hecho palpable que España no está cumpliendo la Convención y es necesaria una reforma del sistema educativo”.
Sobre la necesaria reforma, el experto apunta que “debería llegar cuanto antes porque es una exigencia que no sólo debería ser de las familias de personas con discapacidad, sino de toda la sociedad. Hace falta ya una ley de inclusión educativa y un consenso de todos los partidos políticos porque hablamos de un derecho fundamental. Hay que exigir que el Estado cumpla con su deber”.