CERMI Galicia (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad) y EAPN Galicia (Red Gallega de Lucha contra la Pobreza), redes de las que la Federación Down Galicia forma parte, participaron el pasado 17 de noviembre en la Comisión no permanente especial de estudio sobre la reactivación económica, social y cultural de Galicia por la crisis de la COVID-19, organizada por el Parlamento de Galicia.
El CERMI propone ocho medidas prioritarias
Durante su comparecencia, Iker Sertucha, presidente del CERMI Galicia, quiso reflejar las necesidades existentes que se deben tener en cuenta hacia la normalización y restablecimiento de los servicios de atención a las personas con discapacidad y sus familias y dejar atrás un período de confinamiento que afecta al colectivo desde el mes de marzo, a causa de la pandemia de la COVID-19.
Sertucha expuso ocho medidas prioritarias para el futuro de los colectivos que forman parte del CERMI, entre las que destacan la posibilidad de contar con un fondo de reserva económico destinado a las entidades de la discapacidad en Galicia para afrontar los costes económicos derivados de la pandemia; adaptar y fomentar la información y la comunicación accesible para todas las discapacidades; evitar que se produzcan situaciones de brecha digital; dar prioridad a las políticas sociales, educativas y de salud en los presupuestos autonómicos del 2021 para el ámbito de la discapacidad; o fomentar que las empresas tengan en cuenta las particularidades de la discapacidad en el trabajo a distancia; entre otras.
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Emergencia residencial, la principal demanda de EAPN
La presidenta de EAPN Galicia, Eloína Ingerto, comenzó su intervención recordando cómo la COVID-19 trajo un agravamiento notable de la situación de aquellas personas más afectadas y que apenas se habían beneficiado de la recuperación económica, en especial mujeres, jóvenes, niñas y niños.
En su discurso también se refirió a la necesidad de luchar contra las causas de la pobreza y la desigualdad desde un enfoque de derechos, lo que exige huir del asistencialismo y asegurar no sólo la satisfacción incondicional de las necesidades básicas, sino también el derecho, no el deber, a una inclusión social activa.
Dentro de las demandas abordadas por EAPN, destacan la vivienda como obra pública y el empleo digno para erradicar la pobreza y la exclusión social. Ingerto quiso poner de manifiesto la situación de emergencia residencial en la que viven millares de familias gallegas, recomendando la creación de una Comisión parlamentaria sobre vivienda y exclusión residencial y la puesta en marcha de medidas específicas como la erradicación del chabolismo y la infravivienda o la promoción de la rehabilitación y el alquiler social.
En lo referente al empleo, la presidenta de la Red apuntó a una de las demandas de las personas en pobreza o exclusión social: “menos cursos y empleo“ y señaló que el derecho a la inclusión sociolaboral implica un acompañamiento estable, personalizado y coordinado entre Servicios Sociales y Empleo.
Por último, entre otras cuestiones, desde EAPN Galicia también se recordó el compromiso del Pleno de Investidura en blindar el presupuesto de la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA), asegurando su compatibilidad y subsidiariedad con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
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