La Federación Down Galicia participó este martes en la segunda jornada del curso de verano “La familia en el nuevo régimen de la discapacidad”, organizado por la Universidad de Santiago de Compostela.
El objetivo de este curso es dar a conocer la trascendencia social y jurídica de la nueva ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entrará en vigor el próximo 3 de septiembre de 2021.
De esta forma, el Movimiento Down de Galicia quiso aportar su grano de arena en este tema formando parte de la mesa redonda “El impacto de la reforma en las organizaciones de la sociedad civil”, compartiendo espacio con la asociación de daño cerebral de Compostela, Sarela.
La intervención comenzó de la mano de Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, quien analizó de forma global el impacto que esta nueva legislación tendrá sobre las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales y sus familias, y continuó con la exposición de la problemática actual en lo relativo al ejercicio de derechos del colectivo.
Sobre este tema ahondaron más Isabel Fernández y Mar Vidal, madre e hija usuarias de Teima Down Ferrol, que pusieron sobre la mesa varios casos discriminatorios sufridos por ellas mismas y por otras personas usuarias de entidades Down de Galicia. Así, durante su intervención, destacaron la carencia general en el uso de los ajustes razonables, que facilitan a las personas con discapacidad la accesibilidad y la participación, garantizándoles el disfrute o ejercicio de todos sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. En este sentido, quisieron ahondar en la importancia de la eliminación de las barreras del entorno, ya que aunque la norma jurídica existe, el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad depende, en gran medida, de la voluntad de aquellas personas que éstas encuentran por el camino. Para finalizar su intervención, recordaron que no siempre son necesarios los apoyos por el simple hecho de que una persona tenga discapacidad, ya que entonces se estaría limitando la promoción de su autonomía personal.
La realidad actual existente
Desde su creación, las entidades que conforman el Movimiento Down de Galicia han ido detectando diferentes experiencias cotidianas discriminatorias sufridas por distintas personas usuarias de las mismas. De este modo, a lo largo de estos años, personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales han visto cómo se vulneraban sus derechos fundamentales al prohibirles abrir una cuenta bancaria, al ser rechazadas a la hora de hacer un seguro de salud, al encontrarse trabas y negativas para tramitar un certificado digital o al sufrir distintos problemas en locales de ocio nocturno, entre otras.
Del mismo modo, también en los juzgados y notarías viven situaciones discriminatorias, ya que las personas con discapacidad intelectual suelen encontrarse con tratos paternalistas, lenguaje infantilizado, preguntas capciosas e, incluso en ocasiones, faltas de respeto.
El impacto de la nueva legislación
La nueva normativa lleva consigo un cambio legislativo de gran calado, dirigido a cumplir con los dictados de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta reforma afectará transversalmente a tradicionales ramas del derecho privado y a sus leyes más importantes, como el Código civil español, así como a otras leyes generales, como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Registro Civil.
Pero, ante todo, se trata de una modificación de gran entidad porque las ideas clave sobre las que se asienta la reforma representan un cambio sustancial en la concepción que la sociedad y el ordenamiento jurídico tienen de las personas con discapacidad.
De esta forma, se reconoce la plena capacidad jurídica a todas las personas, con y sin discapacidad, entendiendo por capacidad jurídica tanto la aptitud para ser titular de derechos como la posibilidad de ejercitarlos. A consecuencia de lo anterior, con el fin de respetar la mencionada plena capacidad jurídica de la persona con discapacidad, el nuevo modelo que sienta la reforma cambia los mecanismos “sustitutivos” en la toma de decisiones que afectan a la persona con discapacidad por un sistema de “apoyos” para que esa persona pueda tomar sus propias decisiones. Por último, y para evitar que la reforma quede en un mero cambio en el papel y que los mecanismos de apoyo puedan ser tergiversados y amparen, en la práctica, el relevo de la persona con discapacidad en la toma de las decisiones que le afectan, la reforma articula una serie de garantías para asegurar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad.